Por Gonzalo Duque-Escobar*
La problemática de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco en Manizales, hoy amenazada por un daño severo e irreversible ocasionado al urbanizar su Anillo de contención con el fin de satisfacer apetitos del mercado inmobiliario, y la cual fue objeto de 61 de las 74 ponencias del Cabildo Abierto sobre el POT convocado por el Concejo de la ciudad en Junio de 2017, y de movilizaciones sociales lideradas por colectivos como Subámonos al Bus del POT y Todos Somos Río Blanco y las cuales aún continúan, se constituye en un hecho notable y de actualidad que invita a reflexionar sobre la necesidad de más ecosistemas para mitigar riesgo frente a la crisis del agua en la región, donde se deben emprender acciones de adaptación al cambio climático para mitigar el riesgo de pérdida de biodiversidad en el bioma andino colombiano y de suministro de agua en las capitales cafeteras.
Caso Río Blanco
La Reserva Forestal Protectora de Río Blanco y Quebrada Olivares con 4.932 hectáreas de extensión de bosque de niebla, ubicada dentro de la gran Cuenca del Río Chinchiná y lugar que provee el 35% del agua de Manizales, hace parte de una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo destinada a la conservación de los recursos naturales. Sí como sumideros del CO2, los bosques a través de la fotosíntesis almacenan en madera y en el ecosistema una parte del carbono tomado de la atmósfera, y le devuelven oxígeno haciendo todo lo contrario de “la jungla de concreto”, entonces al haberse sustraído de la gran Reserva Forestal Central de Colombia los predios La Aurora y Betania ubicados en el Anillo de contención de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco en 2013, para ser urbanizados satisfaciendo el interés particular a costa del frágil ecosistema que debe ser protegido y de los servicios que provee, se ha vulnerado no sólo la Constitución Política en su Capítulo 3, el De los derechos colectivos y del ambiente, Artículos 79 y 80, sino también los tres Principios Rectores de la Ley 388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial, contenidos en su Artículo 2.
Lo anterior, dado que además de permitirse la socialización de los costos ambientales o perjuicios fruto de la explotación del medio ambiente para facilitar la privatización de beneficios como la obtención de la plusvalía urbana para el urbanizador, la propiedad ya no cumpliría su función ecológica y social al desnaturalizarse el carácter de zona amortiguadora que le demanda la citada reserva, el cual es necesario para proteger el hábitat de especies endémicas, vulnerables y en riesgo de extinción, y como fuente primordial de servicios ambientales fundamentales para la ciudad, como lo es el suministro del 35% del agua. Cuando en nombre del “desarrollo” se instrumentaliza la naturaleza permitiendo acciones no sustentables que alteran los ciclos biogenéticos y las cadenas tróficas, el ciudadano y la sociedad se obligan emprender acciones cívicas para prevenir un ecocidio que surge de llevar la jungla de concreto al anillo de contención, apelando para el efecto al principio de prevalencia soportados en estos elementos: evitar un daño no mitigable y de nivel significativo, que se ocasionaría sobre un bien imprescindible.
Un jardín deforestado
En este verde y deforestado territorio, mientras el suelo apto para potreros es el 4%, la cobertura en dicho uso alcanza el 49%; y mientras su potencial forestal es el 54%, sólo posee el 19% de su superficie en bosques. Esto significa no sólo una alta fragmentación de los ecosistemas que pone en alto riesgo de pérdida la biodiversidad, sino también deficiencia de bosques en las zonas de recarga como factor de mayor vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos.
Aunque tanto en el Oriente de Caldas como en el alto San Juan, gracias a la alta precipitación existe un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos responsable, se tiene un potencial riesgo para el suministro de agua en el Corredor del Río Cauca y Norte de Tolima asociado al déficit severo de precipitación en temporadas de El Niño y a la limitación por la precariedad de los acuíferos, consecuencia de las rocas impermeables, morfología y deforestación entre Irra y La Pintada.
Y en cuanto al sistema subterráneo de toda la ecorregión, sobresalen: 1- las zonas de recarga de los complejos de páramos del PNNN, Tatamá y Caramanta, y la gran cobertura boscosa de bosques alto-andinos en áreas de reserva cordilleranas, en las zonas del Roble y alto del Nudo, y en el bosque de Florencia; y 2- los acuíferos del extenso Valle del Magdalena, de los valles del Risaralda y el río La Vieja alimentado por el Glacis del Quindío, y el de Santágueda.
Proyección al Eje Cafetero
El cambio climático es el mayor factor de riesgo que compromete además de la biodiversidad global, el suministro de agua en el 63% de las ciudades del planeta, y la seguridad alimentaria según el Consejo Mundial del Agua (2017). En Colombia, con 24 grandes ciudades de las cuales Bogotá representa el 16 % de su población, los costos económicos de la contaminación hídrica ascendieron al 3,5% del PIB, y a un 4,5% si se suma el costo oculto de la mala calidad del agua y de los servicios de saneamiento.
De otro lado, con precipitaciones anuales promedio de 1.800 mm y unas 720 mil cuencas hidrográficas, Colombia alcanza una oferta de 7.859 kilómetros cúbicos de agua superficial y subterránea, de los cuales el 25% son las aguas de las escorrentías anuales; pero el país tiene severos problemas de calidad en la mitad de dicho patrimonio, dado el vertimiento de 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante por año que llegan a los acuíferos y cuerpos de agua, proveniente del sector agropecuario y residencial, a las que se suman otras sustancias como las 200 toneladas anuales de mercurio proveniente de la actividad minera.
Si en toda la Ecorregión, las cuencas más comprometidas son las de los ríos Otún, Quindío, Chinchiná y Combeima, dado que ellas albergan la mayor proporción de los habitantes y del PIB regional, entonces las cuencas abastecedoras de agua de las capitales cafeteras deberían declarase PNN que es la figura que mejor blinda los ecosistemas en Colombia, tal cual lo ha hecho Pereira con el Santuario de Flora y Fauna Otún–Quimbaya, y no otras insuficientes como lo son la de una Reserva Forestal Protectora que es la figura de Río Blanco y de los Bosques de Chec, o un Distrito Regional de Manejo Integrado en el caso de Salento para la cuenca alta del río Quindío no incluida en el PNN de los Nevados. Por su puesto, dicha figura propuesta que ofrece el mayor blindaje, obliga a priorizar la preservación sobre el turismo.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales http://godues.webs.com
Manizales, 24 de Octubre de 2017.
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