Por Gonzalo Duque-Escobar *
En
Manizales, la viabilidad de un modelo urbano sostenible depende del desarrollo
de instrumentos que propendan por una distribución equitativa de cargas y
beneficios, y de que la sociedad civil reclame y apoye acciones que respondan a
políticas públicas de urbanismo con carácter democrático, visión regional y de
futuro, en las que se recupere el derecho a la ciudad imponiéndole límites a
los apetitos del mercado, controlando la frontera urbana y previniendo los
procesos especulativos que distorsionan el modelo de ocupación del territorio.
2014
será vital para establecer, además de los lineamientos para los POT a nivel de
ecorregión, las decisiones del ordenamiento territorial municipal en la
subregión Centro-Sur para un nuevo período de doce años. En consecuencia, con
la incorporación de suelo rural a urbano derivado de estas acciones (La Aurora
y El Rosario), la liberación de limitantes urbanísticas y otros (Única), o el
desarrollo de macroproyectos de infraestructura pública (Aerocafé), se
generarán importantes plusvalías urbanas que deberán recuperarse en nombre de
la sociedad, tal cual se lo propone la Administración Municipal de Manizales
quien deberá aplicarlas a proyectos de interés común, emprendiendo obras
vitales y estratégicas para el desarrollo del territorio, tras socializar o
distribuir las ganancias del enriquecimiento del suelo.
Se
entiende por “plusvalía urbana” el incremento en el valor del suelo producto de
una acción estatal o un cambio normativo, como son las obras públicas y sus
mejoras, o las decisiones estatales en relación con el uso del suelo. La
“participación" de dicha plusvalía por el municipio, parte del derecho que
tiene el Estado a la apropiación de todo o parte de ese mayor valor proveniente
de sus acciones y de sus normas. En América Latina se ha venido tratando en
forma creciente este tema, vital para el desarrollo de los instrumentos de
reforma urbana como medio que evita la acción especulativa conducente a la
apropiación indebida de la plusvalía urbana, en beneficio de los propietarios
de la tierra bajo el amparo cómplice del Estado.
Son
los Concejos Municipales los responsables de reglamentar su recuperación para
ser volcada en beneficio de la comunidad que la crea, haciendo prevalecer el
interés colectivo por encima del derecho individual de propiedad y de los
procesos especulativos, actuando sobre tales valores añadidos al patrimonio,
generados por la colectividad y por la estructura socioeconómica y no derivados
de la propia cosa o de su actividad individual. De ahí que la implementación de
la norma para este recaudo directo deba obligar al pago del impuesto al
vendedor, sin permitirle traspasar la obligación al comprador por tratarse de
un instrumento de equidad social.
Ya
se ha anunciando en la ciudad, que nuestro Concejo se apresta a considerar de
nuevo el correspondiente Acuerdo Municipal fijando el monto de la participación
dentro de los topes señalados en la Ley 388 de 1997, entre el 30% y 50%, sin
afectar la vivienda de interés social. El pago de dicha plusvalía, cuya cuantía
se obtiene de comparar el incremento del valor del suelo antes y después de
generarse, se hace exigible al expedir la licencia de construcción o de
urbanismo y al emprender actos que impliquen transferencia de dominio. Mientras
en Bogotá las cuantías establecidas se incrementaron al 50% desde 2006, en
Manizales donde aún no hemos implementado este instrumento que regula la
especulación del suelo, se propone el 30%.
Como
ciudadanos estamos obligados a blindar la democracia, para que la inversión
pública y las decisiones sobre el uso del suelo tradicionalmente orientadas por
la lógica del mercado, consideren darle mayor importancia a la gente y al medio
ambiente. Ahora, si la intención es construir “la ciudad sostenible”, entre los
destinos posibles de dichas cuantías, en este territorio donde gravitan deudas
sociales como las de la de renovación urbana San José y la pobreza rural,
urgido de ordenar microcuencas para asegurar el agua, el saneamiento básico y
la conectividad regional, apremian la adaptación al calentamiento global: una
amenaza severa y multifactorial asociada a los modelos conflictivos de
desarrollo agroindustrial y de ocupación del suelo urbano, en una economía
deshumanizada basada en el consumo desmedido y soportada en la explotación
indebida del medio ambiente.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia.
http://galeon.com/cts-economia. [Ref.: La Patria, Manizales, 2013-12-23].
Imagen: Plano de Manizales 1916. Esc. de Arquitectura U.N. de Colombia.
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