EL FORO NACIONAL POR COLOMBIA convocó al seminario “Aciertos y desaciertos en materia minero-ambiental del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, realizado la semana pasada. Escuchamos posiciones favorables y radicales que dicen “minería no”.
Por: Juan Pablo Ruiz Soto
Con participación de concejales de distintos municipios, de congresistas (verdes, conservadores, polistas), la sociedad civil (WWF y Resnatur) y del viceministro de Ambiente, se dio una gran controversia respecto a retos, oportunidades y estrategias de la minería y la participación comunitaria para la defensa del derecho fundamental a un ambiente sano. Hubo consenso en que la minería no es la panacea.
No hay razón para repetir lo ejecutado durante el gobierno Uribe, cuando toda inversión extranjera en minería era bienvenida y obtenía grandes ventajas tributarias con mínimos controles fiscales y ambientales.
Hoy padecemos los impactos de esa inversión descontrolada que favoreció la multiplicación de los títulos mineros y la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, sin beneficio ni consideración de los intereses de las comunidades locales, que hoy asumen altos costos sociales y ambientales asociados a dicha actividad. Varios panelistas reivindicaron el Plan Nacional de Ordenamiento Minero que identificó tales desequilibrios y propuso ajustes que deben ser adoptados en el marco del PND. Lamentablemente la estructura del PND no garantiza que sea así.
El representante del Polo Democrático dijo que ningún punto del PND era conveniente y manifestó su total rechazo del mismo. Los demás panelistas encontraron aspectos positivos y negativos, así como retos para la sociedad civil y entidades gubernamentales, para que se adelante una minería de mínimo impacto ambiental y social que maximice el beneficio para el país, apoyando con sus excedentes programas de salud y educación y procesos productivos sostenibles en las regiones donde se extraen los recursos mineros.
Se resaltó la necesidad de erradicar la minería criminal e ilegal y diferenciarla en su trato la minería artesanal, que requiere apoyo para mejorar las condiciones sociales y ambientales en las que se adelanta.
El tema más preocupante es cómo garantizar la participación de las comunidades locales en la toma de decisiones frente al manejo de su territorio y sus recursos. El Código Minero y el PND dejan muchos vacíos interpretativos que exigen una sólida organización comunitaria para la defensa de un ambiente sano y para el beneficio económico y social de las localidades.
La reciente historia nacional muestra que ni la minería legal ni la ilegal han contribuido al desarrollo y el bienestar, por el contrario, se han convertido en fuente de conflicto y confrontación. A tal punto que hoy, por absurdo que parezca, muchas comunidades, alcaldes y gobernadores prefieren que no existan recursos mineros en sus territorios. Esta riqueza se ha convertido en fuente de conflicto y degradación.
El gran reto nacional es que la minería genere bienestar y contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, como ha ocurrido en Chile, que apoyado en la minería, hoy tiene los mejores indicadores de salud y educación de América Latina.
*Miembro Consejo Nacional de Planeación @Juparus
Juan Pablo Ruiz Soto | Elespectador.com
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