Manuel Rodríguez Becerra
Parte I. 23 de abril de 2016
Área de Manejo Especial de La Macarena se debería declarar libre de actividad minera y petrolera.
El ideal de que la paz traiga unos dividendos socioambientales parece muy lejano, si algunas de las políticas sectoriales del gobierno del presidente Santo continúan en su actual rumbo. Y es que, por acción u omisión gubernamental, se están presentando diversas agresiones a la integridad del medioambiente y a la posibilidad de construir la convivencia ciudadana, como se tipifica en los casos de La Macarena y la ciénaga Grande de Santa Marta.
Esta última, uno de los humedales costeros más valiosos de Suramérica, se encuentra afligida por los desafueros de empresas privadas que la siguen dragando, aprovechándose para hacerlo del precario control y la sospechosa tolerancia de las autoridades. En adición, la ciénaga se encuentra hoy amenazada por la construcción de la vía de la Prosperidad –que absurdamente ya se adelanta sin ningún concepto ambiental previo–, y por un diseño mal concebido de la 4G Barranquilla-Santa Marta, con lo que se estarían repitiendo los errores de hace cincuenta años, con los desastres causados. Y hoy, con el actual incremento del deterioro y la destrucción ambiental, se registran un sustancial declive de la pesca y un aumento de la pobreza, con lo que el sueño de la paz se estaría alejando de esta ciénaga, que ha sido escenario de indecibles violencias.
A su vez, La Macarena fue objeto reciente de un gran escándalo público por el otorgamiento de una licencia para adelantar una exploración petrolera que, para muchos, pondría en riesgo diversos valores ambientales, incluyendo Caño Cristales, el gran ícono del Área de Manejo Especial de La Macarena. La Anla y Minambiente intentaron explicar lo inexplicable, y, ante la presión de las redes sociales, la licencia fue revocada. Pero lo que en últimas resulta absurdo es que el Gobierno permita la exploración petrolera en La Macarena. No obstante, la actividad de exploración continuaría mediante otras licencias ya otorgadas o en trámite.
Y es que el Área de Manejo Especial de La Macarena se debería declarar libre de toda actividad minera y petrolera. Proteger los valores ecológicos con que aún cuenta la región, representados en sus cuatro parques nacionales y muchas otras zonas, es de alta prioridad nacional, y ese objetivo no es compatible con la explotación petrolera. ¿Por qué?
La explicación es obvia: todas y cada una de las áreas del país en las cuales se ha concentrado la actividad petrolera registran graves daños ambientales, representados en la deforestación, la contaminación de suelos y acuíferos y la destrucción de humedales, entre otros. Así ha sido no solo en la región en donde se asienta Barrancabermeja o en la región del Catatumbo, con una larga historia, sino también en los casos más recientes del Putumayo, Arauca, Casanare y Meta. Así mismo, en estas áreas la actividad petrolera ha conllevado, con mucha frecuencia, la generación o intensificación de agudos conflictos sociales.
Algunos dirán que ese es el precio que ha tenido que pagar el país para obtener unos recursos económicos para su desarrollo. Pero repetir esta historia en La Macarena sería un precio excesivamente alto y absolutamente injustificado, si de lo que se trata es de construir una paz territorial desde sus comunidades –en una de las regiones del país más azotadas por la guerra–, a partir de la actividad agropecuaria y de la naciente promoción del ecoturismo, y si de lo que se trata es de proteger adecuadamente las áreas protegidas y otros valores ambientales y paisajísticos únicos de la región.
Bien parece que el gobierno del presidente Santos estaría convirtiendo los anunciados dividendos socioambientales de la paz en una quimera, paradójicamente con el aval del Ministerio de Ambiente.
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Parte II. 26 de marzo de 2016
Para lograr la paz con la naturaleza habrá que trabajar con estrategias a escala nacional y local.
Los daños ambientales de la guerra son enormes, como lo subrayó Simón Gaviria en el foro ‘Dividendos ambientales de la paz’, organizado por el DNP y el PNUD: 3 millones de hectáreas deforestadas, en especial para sembrar coca; 1,5 millones de hectáreas de suelo degradadas, 4,1 millones de barriles de petróleo derramados como producto de actos terroristas, y 60 por ciento de las fuentes hídricas del país afectadas por extracción ilícita de minerales y derrames de petróleo.
El 87 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentra en municipios de conflicto. A su vez, el 86 por ciento de la producción de oro nacional proviene de extracción ilícita de minerales, también ubicada predominantemente en áreas de conflicto, que además se caracterizan por el uso de mercurio que se libera al medioambiente, con graves consecuencias.
Esta es solo una lista parcial de los costos ambientales de la guerra. Se sabe también de otros daños a la naturaleza que son inconmensurables. Así, por ejemplo, parece haber ocurrido una defaunación de la selva a gran escala para alimentar a los hombres de la guerra, lo que conlleva la desaparición de polinizadores y dispersadores de semillas (p. ej., mamíferos y aves), que en términos del deterioro de la salud de la selva puede ser tan grave como la deforestación.
El ideal de que con la paz se dé fin a estos procesos de destrucción y deterioro y de que estemos en posibilidad de aprovechar nuestra inmensa riqueza en biodiversidad nos ilusiona a muchos colombianos y también al Gobierno. Según Gaviria, “por cada año de paz, Colombia ahorraría 7,1 billones de pesos en degradación ambiental”. Y según el presidente Juan Manuel Santos, “a la vuelta de 15 años la bioeconomía podría representarnos cerca del 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB)”.
Es un ideal que no se producirá fácilmente, pues la experiencia internacional nos indica que la destrucción ambiental se podría incrementar en el posconflicto, como ocurrió en El Salvador, Nicaragua o el Congo. Entre otras razones, porque en estos países los excombatientes que no se reintegraron fueron en pos de la explotación ilegal de los recursos naturales (la madera, el oro, etc.) y porque empresas formales de la economía que, por la inseguridad, no tenían acceso a ciertas áreas de esos países, con la paz desarrollaron actividades que acabaron generando injustificados daños para el medioambiente.
Para lograr la paz con la naturaleza habrá que trabajar en los más diversos frentes y con las más variadas estrategias, tanto a escala nacional como regional y local. La minería ilegal, en particular la de naturaleza criminal basada en tecnologías con altas inversiones, seguirá en aumento si el Gobierno no la combate con todo el vigor. Es un asunto de orden público, y para resolverlo se requiere de fuerzas especializadas bien dotadas y con presupuesto, lo que no ha sido el caso hasta el presente, no obstante los esporádicos anuncios del Gobierno en los que, al lanzar de nuevo una campaña contra este flagelo, afirma que esa sí será contundente y de punto final.
A su vez, el éxito del programa de deforestación cero proyectado por el Gobierno, con el generoso apoyo de los gobiernos de Alemania y Noruega, está profundamente ligado a la implementación de la agenda agraria del acuerdo de paz. Y es que si cientos de miles de campesinos continúan sin acceso a buenos suelos para la actividad agropecuaria, la migración hacia la selva para deforestar y abrir tierras, muchas de ellas sin vocación agrícola, será inevitable.
En fin, se acabó el espacio y me quedan muchas otras consideraciones para hacer sobre esa otra gran meta del proceso de paz, soñada por muchos: la paz con la naturaleza. Continuaré en próxima columna.
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MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA
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