El Congresista Colombiano Oscar Tulio Lizcano, es el político caldense secuestrado el 5 de agosto de 2000 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, cuando desempañaba labores al servicio de la comunidad en Riosucio, una población del departamento de Caldas localizada 300 kilómetros al oeste de Bogotá.
Solidaridad con su Esposa Marta Arango quien también sufrió el impacto por el secuestro de su hijo Juan Carlos, hoy libre, y solidaridad con sus hijos. El plagio de Oscar Tulio fue efectuado cuando se desempeñaba como miembro de la Cámara de Representantes, organismo colegiado de la República de Colombia al que fue elegido por méritos propios para el período 1998-2002.
El derecho internacional humanitario (DIH) es el conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege a las personas que no participan en las hostilidades, con el propósito de evitar el sufrimiento humano. Dichas normas han de ser respetadas por todos los actores armados del conflicto.
A propósito de los que quedan:
La única batalla a seguir en el odioso escenario de la guerra que sufre la sociedad colombiana, es la de exigirles a las FARC que liberen a la totalidad de los secuestrados, sin distingo alguno. Que se opte por el fin de la terrible tragedia del secuestro y se conceda la libertad para todos los que aún viven. Que los plagiados que ya soportan años de inhumano cautiverio retornen a sus hogares y vivan el reencuentro con sus esposas e hijos; que se entreguen los despojos o reconozcan los hechos de otros que nunca volverán, para que los suyos hagan el duelo. Perdón para los captores por el execrable secuestro y por sus viles crímenes.
Frente a la doble alternativa de la solución bélica o política del conflicto con las FARC, solo importa la fórmula que conduzca a la libertad para los secuestrados y su inmediata vuelta a la vida de civiles y soldados que permanecen enterrados y encadenados en lo profundo de la selva. Y esa fórmula es el intercambio humanitario dado que resulta independiente del camino por el cual se opte, así los guerrilleros canjeados vuelvan a empuñar sus armas.
Si bien esta fórmula no incluye a cientos de secuestrados excluidos de cualquier gestión humanitaria por las FARC, y que son la inmensa mayoría de prisioneros que mantienen para lograr un cobro extorsivo fruto del chantaje a sus familias, al costo político de fatídicas prácticas como el narcotráfico y el terrorismo, las FARC suman el del ominoso secuestro, considerado por todas las naciones un delito de lesa humanidad y en sumo grado oprobioso para el mismo pueblo, el más agraviado en esta historia de violencia y crueldad.
Gonzalo Duque-Escobar
Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
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