Por
Gonzalo Duque-Escobar *
En Colombia, por no haber diseñado una
política pública de vivienda, dotada de estrategias y enfoques socioambientales
y procesos de economía solidaria que la hagan sustentable, culturalmente
profunda, concebida en términos de un hábitat integral y blindada de procesos
de especulación con el suelo urbano, esta compleja problemática se ha manejado
desde las determinantes macroeconómicas dejándola a merced de un mercado
inmobiliario sumergido en su
racionalidad neoliberal, sin importar sus consecuencias sociales.
Dicho enfoque restringe el problema del
hábitat popular a un fenómeno de naturaleza económica, donde la demanda sólo
responde a las variaciones de la tasa de interés, ingreso familiar y precio de
la vivienda nueva, y la oferta a los cambios en el precio del suelo y costos de
construcción, cuando no convirtiendo los temas de un hábitat urbano espacial y
socialmente fragmentado, en un instrumento de efectos mediáticos y electorales
como podría ser el programa de la Vivienda de Interés Prioritario Gratuita, o
en una herramienta de Estado para generar empleo y dinamizar el consumo, sin
mirar su verdadero significado y alcance a pesar de interesantes programas que
se han implementado para el mejoramiento del hábitat en sectores degradados,
aunque no en el campo colombiano pese a sus mayores falencias.
Ya en lo local, la experiencia
aleccionadora por el fracaso en Manizales del proceso de renovación urbana de
la comuna San José, donde si bien las metas contemplaban reubicación de
viviendas en riesgo, y nuevo equipamiento colectivo para beneficiar las 5600
familias del estratégico lugar, la fórmula para revitalizar este antiguo sector,
fue incrementar la plusvalía urbana empleando metodologías de planeación no
participativa, especulación institucional con la valoración de las zonas de
riesgo y demolición del mejor lugar para construir la Avenida Colón sin resolver
su articulación urbana, todo a costa de un desplazamiento forzado que acentuó
la fragmentación socio-espacial, al llevar a centenares de familias del céntrico
sector a la periferia urbana.
Entre las estadísticas del orden nacional,
aparecen las cifras asociadas al primer programa de cien mil viviendas gratis
lanzado en 2013, estimado en 4,2 billones de pesos para beneficiar a medio
millón de colombianos y generar 200 mil empleos, y los importantes avances alcanzados
en 2012, cuando el déficit cuantitativo sin incluir las deficiencias
ambientales del entorno de la vivienda popular que son enormes, se ubicó en
554.087 hogares y el cualitativo en 1.093.066 hogares urbanos, con unas
reducciones en su orden del 46,3% y 7,8 % de los déficit existentes en 2005.
En dicho análisis, toma especial
importancia el trabajo del Profesor Julio Fernando Salamanca Pinzón, Arquitecto
forjado en experiencias como la Ciudadela Nueva Tibabuyes de Bogotá (5000
viviendas) y la Gerencia Zonal de la Universidad Nacional en la reconstrucción
de Armenia (7500 viviendas), por las ideas que subyacen en las conclusiones de
su investigación fruto de un viaje por América del Sur, donde recalca sobre la
relevancia de concebir una política de vivienda en la que el objeto no sea el
inmueble en sí, sino la consolidación de un hábitat sostenible, interviniendo factores
estructurales que trasciendan las comunidades y consideren el urbanismo.
En su decálogo de conclusiones, este
Profesor de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, subraya interesantes
puntos: 1- con el modelo neoliberal, a pesar de las buenas prácticas, ha
declinado la calidad del hábitat; 2- los procesos de autogestión y diseño
participativo, conducen a experiencias sostenibles; 3- los proyectos de
vivienda social emprendidos por empresas de economía solidaria son
económicamente viables; 4- es un error regalar la vivienda, dado que el aporte
de la familia crea una actitud positiva, genera identidad y fortalece la
autoestima; 5- el impacto de un programa participativo e integral de vivienda,
dignifica a las personas y eleva la condición humana; 6- como prueba de la
capacidad emprendedora de las comunidades, la mayor proporción de viviendas en
América Latina es informal; 7- en las prioridades del sector vivienda, debe
partirse de la supremacía del déficit cualitativo (60%) sobre el cuantitativo
(40%); 8- para el mejoramiento de la vivienda, al no requerirse suelo
adicional, el esfuerzo financiero es menor; 9- se deben apoyar los procesos de
producción de vivienda comunitaria; y 10- el acompañamiento de los actores
sociales y de la academia, resulta fundamental.
* Profesor Universidad Nacional de Colombia http://galeon.com/cts-economia [Ref. La Patria,
Manizales, 2014.10.27] Imagen: Barrios populares en las laderas de Manizales.
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