Laura Gil
Los jueces colombianos también legislan. La presunta ausencia de competencia para consagrar el matrimonio igualitario no es más que la excusa.
Si los magistrados de la Corte Constitucional se declaran inhibidos para fallar, de un lado o del otro, en el caso del matrimonio igualitario, será por temor a asumir los costos y no por falta de competencia.
“Las cortes, en ocasiones, legislan, pero los jueces siempre deben negar que legislan”, escribió Martin Shapiro, un constitucionalista estadounidense, en el Harvard Journal of Law and Public Policy, hace veinte años. “Esto ubica a los tribunales en un conjunto especial de instituciones políticas: unas que deben negar el ejercicio de la autoridad política, aun cuando la ejercen”.
De lo más desconcertante de la audiencia sobre matrimonio igualitario fue el énfasis en la competencia, o ausencia de ella, para fallar sobre el tema. El auto de convocatoria preguntó a los citados: “¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República?”. En una sentencia anterior (C-577 de 2011), el alto tribunal había exhortado al Congreso a legislar antes de junio del 2013.
Sorprende que una entidad que derrumbó el sistema del Upac, intervino en la administración del sistema de salud, equiparó regímenes de pensiones y hasta definió las condiciones de trabajo para grupos poblacionales, como los maestros y los recicladores, se muestre ahora tan preocupada por los límites de su acción. ¿Cuántos ejemplos más se podrían citar? Hace rato, la Corte Constitucional compite con el Legislativo y el Ejecutivo.
Las tendencias ideológicas de todo tribunal pueden cambiar con la renovación de sus miembros. Pero, ¿cómo podría la Corte, guardiana de la Constitución, mantenerse al margen de un asunto, bajo el pretexto de que no puede hacer ley, cuando este gira en torno al derecho a la igualdad?
La Corte Constitucional, que dio obligatoriedad relativa al precedente, se acerca cada día más al modelo norteamericano. “En cualquier sistema judicial en el que la resolución de un conflicto de hoy, mediante el fallo de una situación individual, tiene algún valor de precedente, los magistrados hacen ley o política pública o, al menos, afectan decisiones públicas. Los magistrados establecen las reglas para los casos del futuro y, así, hacen ley”, aseveró Shapiro.
Nuestros jueces constitucionales viven esa paradoja, cuanto más cuando han aceptado que necesitan hacer de la Carta Política un documento “viviente”. Un magistrado, según Shapiro, nunca reconocerá que ha legislado y siempre dirá que una parte gana y otra pierde porque “así es la ley”. Los ciudadanos esperamos coherencia, y no capricho, de nuestras autoridades judiciales y, por eso, los jueces exponen las argumentaciones legales. Muchas veces ellos ponen a decir a la legislación lo que, con toda claridad, no dice.
“Unos llaman a esto justificación; yo lo llamo mentira”, sostuvo Shapiro. “Las cortes y los jueces siempre mienten; la mentira es la naturaleza de la actividad judicial; uno debe superar la angustia moral sobre esto y discutir qué ley hacen los jueces, cómo la hacen y cuán rápido”. En definitiva, los jueces, cuando se enfrentan a situaciones injustas, pueden terminar subvirtiendo las normas para lograr resultados justos. La Corte Constitucional lo ha hecho sin vergüenza una y otra vez.
Digámoslo sin tapujos; los jueces colombianos también legislan. Unas veces, quieren hacerlo; otras veces, no. La presunta ausencia de competencia para consagrar el matrimonio igualitario no es más que la excusa. No les falta competencia, sino valentía.
“Las cortes, en ocasiones, legislan, pero los jueces siempre deben negar que legislan”, escribió Martin Shapiro, un constitucionalista estadounidense, en el Harvard Journal of Law and Public Policy, hace veinte años. “Esto ubica a los tribunales en un conjunto especial de instituciones políticas: unas que deben negar el ejercicio de la autoridad política, aun cuando la ejercen”.
De lo más desconcertante de la audiencia sobre matrimonio igualitario fue el énfasis en la competencia, o ausencia de ella, para fallar sobre el tema. El auto de convocatoria preguntó a los citados: “¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República?”. En una sentencia anterior (C-577 de 2011), el alto tribunal había exhortado al Congreso a legislar antes de junio del 2013.
Sorprende que una entidad que derrumbó el sistema del Upac, intervino en la administración del sistema de salud, equiparó regímenes de pensiones y hasta definió las condiciones de trabajo para grupos poblacionales, como los maestros y los recicladores, se muestre ahora tan preocupada por los límites de su acción. ¿Cuántos ejemplos más se podrían citar? Hace rato, la Corte Constitucional compite con el Legislativo y el Ejecutivo.
Las tendencias ideológicas de todo tribunal pueden cambiar con la renovación de sus miembros. Pero, ¿cómo podría la Corte, guardiana de la Constitución, mantenerse al margen de un asunto, bajo el pretexto de que no puede hacer ley, cuando este gira en torno al derecho a la igualdad?
La Corte Constitucional, que dio obligatoriedad relativa al precedente, se acerca cada día más al modelo norteamericano. “En cualquier sistema judicial en el que la resolución de un conflicto de hoy, mediante el fallo de una situación individual, tiene algún valor de precedente, los magistrados hacen ley o política pública o, al menos, afectan decisiones públicas. Los magistrados establecen las reglas para los casos del futuro y, así, hacen ley”, aseveró Shapiro.
Nuestros jueces constitucionales viven esa paradoja, cuanto más cuando han aceptado que necesitan hacer de la Carta Política un documento “viviente”. Un magistrado, según Shapiro, nunca reconocerá que ha legislado y siempre dirá que una parte gana y otra pierde porque “así es la ley”. Los ciudadanos esperamos coherencia, y no capricho, de nuestras autoridades judiciales y, por eso, los jueces exponen las argumentaciones legales. Muchas veces ellos ponen a decir a la legislación lo que, con toda claridad, no dice.
“Unos llaman a esto justificación; yo lo llamo mentira”, sostuvo Shapiro. “Las cortes y los jueces siempre mienten; la mentira es la naturaleza de la actividad judicial; uno debe superar la angustia moral sobre esto y discutir qué ley hacen los jueces, cómo la hacen y cuán rápido”. En definitiva, los jueces, cuando se enfrentan a situaciones injustas, pueden terminar subvirtiendo las normas para lograr resultados justos. La Corte Constitucional lo ha hecho sin vergüenza una y otra vez.
Digámoslo sin tapujos; los jueces colombianos también legislan. Unas veces, quieren hacerlo; otras veces, no. La presunta ausencia de competencia para consagrar el matrimonio igualitario no es más que la excusa. No les falta competencia, sino valentía.
Laura Gil
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