Del Acuerdo de Escazú a la Agenda 2030.
Por:
Gonzalo Duque-Escobar*
El acuerdo de Escazú-Costa Rica (2018), logrado bajo el auspicio de la
CEPAL, a pesar de ser el primer tratado vinculante sobre cuestiones ambientales
y de derechos humanos de los países de América Latina y el Caribe, y de constar
de tres pilares fundamentales: 1- sobre el acceso a la información, 2- la
participación pública, y 3- el acceso a la justicia en asuntos ambientales, no
fue ratificado por el Congreso de la República de Colombia, argumentando que de
aprobarse, se pondría en riesgo la soberanía colombiana y se frenarían los
proyectos de “desarrollo”, -es decir, que no diferencian crecimiento de
desarrollo-.
Si con motivo de la primera reunión de la Conferencia de las Partes en
el Acuerdo de Escazú, que se celebró del 20 al 22 de abril de 2022, antecedida
por la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en San José de Costa Rica del 7 al 9
de abril de 2022, se reafirmó por parte de los suscritos el compromiso de
implementar efectivamente la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre
desarrollo sostenible, pregunto: ¿por qué se aparta Colombia de Escazú siendo
un instrumento universal y transformador centrado en las personas?
Pareciera extraño que el país no lo suscriba, sabiendo que la ola de
violencia armada contra líderes y lideresas sociales, campesinos e indígenas en
Colombia, no cesa. El Acuerdo, al buscar que los Estados que lo ratifiquen
garanticen entornos seguros y libres de violencia para el trabajo de las
personas, asociaciones, organizaciones o grupos que promuevan la protección del
ambiente, pretende garantizar los derechos de las personas defensoras de
derechos humanos en asuntos ambientales y fortalecer la gobernanza ambiental.
Mientras ésta Colombia urgida de políticas públicas que fortalezcan la
institucionalidad para mejorar la gobernanza en asuntos públicos, reclama una
oportunidad para reducir las amenazas y asesinatos que enfrentan los defensores
de los derechos humanos y ambientales, su dirigencia le dice no al citado
instrumento que pone en práctica el Principio 10 de la Declaración de Río de
1992, al ofrecer una plataforma única a los Estados para fortalecer su
capacidad de protección del derecho a vivir en un medio ambiente sano, tanto
para la actual generación como para las futuras.
Cuando según el DANE Colombia ha pasado de ser un país de clase media a
pobre, también Naciones Unidas no sólo ve en la erradicación de la pobreza un
requisito indispensable para el desarrollo sostenible, el mayor desafío al que
se enfrenta el mundo, razón por la cual la Agenda 2030 que recoge Escazú,
implica un compromiso común y universal, para enfrentar retos específicos del
desarrollo sostenible, tomando decisiones con soberanía plena sobre su riqueza,
recursos y actividad económica, fijando sus propias metas nacionales y
apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como parte de la
Agenda 2030. Es decir, la soberanía del país no está en juego.
Dicha problemática socioambiental, en una perspectiva más amplia,
obliga a considerar el panorama del país, donde según la ANDI, 21 millones de
personas padecen hambre (42% de la población) y 7 millones están en la pobreza
extrema (14% de la población). Siendo así, no olvidemos que para poner fin a la
pobreza en el mundo, los ODS incluyen puntos como resolver el problema del
hambre y seguridad alimentaria; vida sana, educación de calidad e igualdad de
género; acceso al agua y la energía; crecimiento económico sostenido y
adaptación al cambio climático, y promover la paz y el acceso a la justicia.
Finalmente, con o sin Acuerdo, la única opción para hacer viable el
país, es pasar de los enunciados a soluciones viables para resolver problemas
como pobreza, deterioro ambiental y violencia contra los líderes sociales,
además de acabar con la corrupción y cerrar brechas para apostarle a un modelo
de desarrollo sostenible, en lugar de buscar el crecimiento económico a costa
de la miseria humana y del medio ambiente, comprometiendo la calidad de vida de
los colombianos. Mientras más nos alejemos de la Agenda 2030 y de los derechos
humanos, el cercenar vidas para silenciar voces, también pasará factura sobre
el mal llamado desarrollo.
* Profesor de la U.N. de
Colombia http://godues.webs.com [Ref. La
Patria. Manizales, 9-05-2022¨]. Imagen; Acuerdo de Escazú: Mapa de países
adherentes en Abril de 2022; Red Prensa Verde, y la Agenda 2030 y los ODS;
PNUD.
Fuentes de consulta:
Cinco
razones para que Colombia ratifique el Acuerdo de Escazú. El Espectador 2020 y salida a los medios 12 06
2021.
Colombia
acumula medio centenar de líderes asesinados en este 2022. In: SWI
swissinfo.ch Bogotá, 4 abr 2022 (EFE).
Colombia
ocupa noveno lugar en el ranking del Índice ODS. CODS Uniandes, consultado
en 1-05-2022.
Continúa
debate sobre líderes sociales asesinados en Colombia. El Nuevo Siglo, Redacción. Bogotá, Enero 13,
2022.
El papel
de las regiones en la Agenda 2030. Por: Robledo Silva, Paula. Universidad
Externado de Colombia. 2021-08.
La
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas - CEPAL
· 2019.
¿Qué
pasa en Colombia con el Acuerdo de Escazú? Valeria López Peña. Zona Eco. 18 09 2021.
Enlaces del OAM de la U.N.
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