La ganga de la guerra

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Vladdo

No percibimos en su magnitud el costo de la guerra porque llevamos décadas pagándolo; porque hace parte de nuestra canasta familiar, como el pan o la leche.

6:33 p.m. | 4 de agosto de 2015

 Algunos no quieren la paz a cualquier costo porque la guerra les parece una ganga. Y razón no les falta; al fin y al cabo, ellos no son los desplazados, sus hijos no son los mutilados por las minas antipersonas, sus viviendas no son arrasadas por los tatucos de la guerrilla, ni sus fincas son convertidas en campamentos de combatientes.

No cabe duda de que es muy fácil justificar la guerra desde la comodidad de una silla en el Capitolio o recitar teorías sobre la seguridad cuando se tienen 300 escoltas. Así cualquiera. Resulta muy cómodo escribir en Twitter o gritar desde las curules del Congreso abogando por la prolongación de una guerra estéril que solo deja muerte y desolación; que no se ha podido ganar en 50 años y que podría durar varias décadas más.

Sin embargo, los nuevos eventos, lo que está pasando en La Habana y la posibilidad tangible de llegar a un final de hostilidades con las Farc, plantean unos retos no solo para aquellos que pregonan la “paz sin impunidad”, sino para quienes hemos sido partidarios de una solución negociada a este flagelo de violencia que hace tanto tiempo nos carcome.

Es verdad que la paz no nos va a resultar barata, pues salir de semejante encrucijada exige profundos cambios en una sociedad como la nuestra, casi habituada a la violencia; pero no es menos cierto que la guerra nos ha salido muy cara en términos de vidas aniquiladas y colombianos heridos; de familias destruidas y comunidades desperdigadas; de desvío de recursos que podrían utilizarse en salud o en educación; de disminución de la productividad del país y pérdida de oportunidades para los jóvenes; de destrucción del medioambiente y abandono del campo; etcétera. En este medio siglo hemos incurrido en un alto costo que quizás no percibimos en su verdadera magnitud, porque llevamos décadas pagándolo, porque desde que nacimos ha hecho parte de nuestra canasta familiar; como el pan o la leche.

Y aunque la firma de la paz puede ser una luz al final del túnel, tenemos que empezar a entender que a todos nos va a costar, no solo en plata, sino en otro tipo de aportes, como tolerancia, aceptación de la diferencia o entendimiento con esos colombianos que han vivido de, por y para la guerra, y que pronto van a necesitar una segunda oportunidad.
Independientemente de las responsabilidades penales de los guerrilleros desmovilizados, tenemos que ver hasta dónde estamos dispuestos a ceder para que la reconciliación sea efectiva. Es impensable pretender que los excombatientes de las Farc regresen a la sociedad para irse a un lugar “donde no fastidien a nadie”.

En este sentido, no es un buen síntoma el escozor que ha causado en algunos círculos la propuesta del senador Antonio Navarro de adelantar una reforma política que les permita a las Farc participar en política. Y así como muchos se erizan solo al imaginar a un ‘Iván Márquez’ en el Congreso, otros se indignarán al encontrarse algún desmovilizado en una gobernación, o como vecino de mesa en un restaurante, o trabajando en nuestra empresa.

La plata no lo es todo y nada ganan el Gobierno ni las fundaciones ni los empresarios ni los países amigos del proceso invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en el postconflicto si yo, tú, él, nosotros y todos no estamos dispuestos a cambiar el chip. Por ahí no es la cosa.

* * * *

Colofón: muchos funcionarios y figuras públicas envidian los índices de aceptación que registra María Ángela Holguín en las encuestas y que son reflejo de la buena labor que han adelantado la Ministra de Relaciones Exteriores y su equipo, en un cargo lleno de ‘chicharrones’. La Canciller ha demostrado que con una adecuada mezcla de discreción y de firmeza la diplomacia también puede ser efectiva.

@Vladdo

Las mentiras de los jueces

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Laura Gil

Los jueces colombianos también legislan. La presunta ausencia de competencia para consagrar el matrimonio igualitario no es más que la excusa.

6:55 p.m. | 4 de agosto de 2015

Si los magistrados de la Corte Constitucional se declaran inhibidos para fallar, de un lado o del otro, en el caso del matrimonio igualitario, será por temor a asumir los costos y no por falta de competencia.

“Las cortes, en ocasiones, legislan, pero los jueces siempre deben negar que legislan”, escribió Martin Shapiro, un constitucionalista estadounidense, en el Harvard Journal of Law and Public Policy, hace veinte años. “Esto ubica a los tribunales en un conjunto especial de instituciones políticas: unas que deben negar el ejercicio de la autoridad política, aun cuando la ejercen”.

De lo más desconcertante de la audiencia sobre matrimonio igualitario fue el énfasis en la competencia, o ausencia de ella, para fallar sobre el tema. El auto de convocatoria preguntó a los citados: “¿Es competente la Corte Constitucional para decidir si las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio o esta es una competencia del Congreso de la República?”. En una sentencia anterior (C-577 de 2011), el alto tribunal había exhortado al Congreso a legislar antes de junio del 2013.

Sorprende que una entidad que derrumbó el sistema del Upac, intervino en la administración del sistema de salud, equiparó regímenes de pensiones y hasta definió las condiciones de trabajo para grupos poblacionales, como los maestros y los recicladores, se muestre ahora tan preocupada por los límites de su acción. ¿Cuántos ejemplos más se podrían citar? Hace rato, la Corte Constitucional compite con el Legislativo y el Ejecutivo.

Las tendencias ideológicas de todo tribunal pueden cambiar con la renovación de sus miembros. Pero, ¿cómo podría la Corte, guardiana de la Constitución, mantenerse al margen de un asunto, bajo el pretexto de que no puede hacer ley, cuando este gira en torno al derecho a la igualdad?

La Corte Constitucional, que dio obligatoriedad relativa al precedente, se acerca cada día más al modelo norteamericano. “En cualquier sistema judicial en el que la resolución de un conflicto de hoy, mediante el fallo de una situación individual, tiene algún valor de precedente, los magistrados hacen ley o política pública o, al menos, afectan decisiones públicas. Los magistrados establecen las reglas para los casos del futuro y, así, hacen ley”, aseveró Shapiro.

Nuestros jueces constitucionales viven esa paradoja, cuanto más cuando han aceptado que necesitan hacer de la Carta Política un documento “viviente”. Un magistrado, según Shapiro, nunca reconocerá que ha legislado y siempre dirá que una parte gana y otra pierde porque “así es la ley”. Los ciudadanos esperamos coherencia, y no capricho, de nuestras autoridades judiciales y, por eso, los jueces exponen las argumentaciones legales. Muchas veces ellos ponen a decir a la legislación lo que, con toda claridad, no dice.

“Unos llaman a esto justificación; yo lo llamo mentira”, sostuvo Shapiro. “Las cortes y los jueces siempre mienten; la mentira es la naturaleza de la actividad judicial; uno debe superar la angustia moral sobre esto y discutir qué ley hacen los jueces, cómo la hacen y cuán rápido”. En definitiva, los jueces, cuando se enfrentan a situaciones injustas, pueden terminar subvirtiendo las normas para lograr resultados justos. La Corte Constitucional lo ha hecho sin vergüenza una y otra vez.

Digámoslo sin tapujos; los jueces colombianos también legislan. Unas veces, quieren hacerlo; otras veces, no. La presunta ausencia de competencia para consagrar el matrimonio igualitario no es más que la excusa. No les falta competencia, sino valentía.

Laura Gil

Clara, la mejor opción para Bogotá

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Alfonso Gómez Méndez

Clara López tiene la mejor hoja de vida para medírseles a los inmensos problemas de la capital; entre muchos, los de seguridad y movilidad. Su formación académica es impecable.

6:24 p.m. | 4 de agosto de 2015

Por múltiples razones ideológicas, políticas y administrativas, a mi juicio Clara López es la mejor entre las opciones hoy planteadas a los bogotanos para su próxima alcaldía. Ella tiene una condición que, aun en desuso, debería ser la que más confianza generara en un elector: coherencia y consistencia ideológicas.

Nunca ha dado descaradas volteretas, ahora tan premiadas en la vida pública. Ante todo, siempre ha representado esa tendencia de izquierda democrática liberal venida de Uribe Uribe, Gaitán, López Pumarejo y López Michelsen, primera razón para apoyarla desde mi orilla de liberal de izquierda. Nada sabe de bandazos.

La conocí como secretaria económica del “compañero jefe”, desempeñando yo una secretaría de la Presidencia. Cuando estimó que el liberalismo se había anquilosado y en cierta forma era cómplice de actos de corrupción, militó en las filas del Nuevo Liberalismo, si bien le hubiera sido más cómodo quedarse en el oficialismo.

En 1988 fue candidata a la alcaldía de Bogotá por un sector del Nuevo Liberalismo, apoyada, además, por la Unión Patriótica, partido que surgió de los acuerdos con Betancur y cuya criminal extinción es bien conocida en nuestros anales de barbarie.

En algún momento tuvo que irse al exilio. Como no padece del mal de los conversos, es políticamente confiable. Todo el mundo sabe cómo piensa y actúa. A diferencia de otros, no se ha pasado la vida yendo de partido en partido, sin consistencia alguna y movidos solo por oportunismo.

Clara López tiene la mejor hoja de vida para medírseles a los inmensos problemas de la capital; entre muchos, los de seguridad y movilidad.

Su formación académica es impecable. Graduada con honores en la Universidad de Harvard, después de amplio recorrido por la vida pública estudió Derecho en la Universidad de los Andes y se especializó en el exterior. Es densa y profunda expositora de temas económicos y sociales. En el terreno administrativo, sería la mejor gerente. Conoce la ciudad como pocos, desde cuando recibiera el impulso del ‘cofrade’ Palacio Rudas. Ha sido concejal y presidenta de la Corporación, Contralora del Distrito y combativa líder popular.

Nadie ha osado –no tendría cómo– cuestionar su pulcritud personal en el manejo de la cosa pública. Se le ha querido estigmatizar su paso como secretaria de Gobierno en la alcaldía de Samuel Moreno, pero cuanto se trata es de endilgarle responsabilidad política por su vinculación con ese gobierno, donde se dieron graves casos de corrupción.
No era ella la responsable de la contratación. Los hechos salieron a la luz pública mucho después. Si de responsabilidad política se trata, prácticamente todos los partidos de la Unidad Nacional que ahora quieren crucificarla participaron no solo en la administración de Samuel Moreno, sino en las otras del Polo. La gran mayoría de los concejales presos o investigados pertenecen, entre otros, a los partidos Liberal, Conservador o de ‘la U’. 
¿Responderán también sus candidatos por lo mismo?

Y entre la terna que envió el Polo para reemplazar a Samuel Moreno –cuando ya había sido secretaria de Gobierno–, el presidente Santos escogió a Clara por ser la mejor opción, como en seguida lo demostró con sus ejecutorias, habiendo terminado una gestión sin mácula y con aceptación ciudadana superior al 70 por ciento. No encontró el Jefe de Estado objeción moral alguna contra ella.

Por último, todos los partidos de la Unidad aceptaron complacidos que Clara López, después de que Óscar Iván Zuluaga (a quien deseo pronta recuperación) había ganado en primera vuelta, se la jugara toda por la paz, contra sectores de su propio partido, y fuera decisiva para el triunfo de Santos en la segunda vuelta.

¿Padecerán los partidos de ‘la U’ de alzhéimer generalizado? ¿Por qué no le cuestionaron entonces su paso por la secretaría de Gobierno? ¿Será imaginable prueba más elocuente de hipocresía política?

Alfonso Gómez Méndez

Hace 60 años se ordenó la clausura de EL TIEMPO

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El diario sufrió en la dictadura del general Rojas Pinilla. El 3 de agosto de 1955 fue militarizado.
Por: DANIEL VALERO | 10:42 p.m. | 4 de agosto de 2015
Foto: Archivo/ El Tiempo
Roberto García-Peña, director de EL TIEMPO, estaba en su oficina cuando se ordenó, el 3 de agosto de 1955, clausurar el periódico.



El lunes se cumplieron 60 años desde que EL TIEMPO fue el protagonista de uno de los días más oscuros de la historia del periodismo colombiano.
El 3 de agosto de 1955 –por cumplir cabalmente con el baluarte principal de este oficio, que es defender la verdad por encima de intereses particulares, políticos, económicos o institucionales–, fue víctima del autoritarismo del gobierno de turno, y su impresión y circulación fueron clausuradas.


Hace 60 años, cuando se vivía un momento de efervescencia y crispación política, el general Gustavo Rojas Pinilla emitió un decreto presidencial para cerrar EL TIEMPO por su postura crítica ante una administración que la historia reconoce como la única dictadura militar que ha sufrido este país.
Rojas, quien estuvo en el poder desde el 13 de junio de 1953 hasta el 10 de mayo de 1957, nunca vio con buenos ojos los editoriales críticos del periódico y muchas veces intentó vetar su publicación, pero –no obstante– hasta ese 3 de agosto del 55 no había tomado decisiones tan drásticas como la clausura del medio de comunicación más influyente.
Lo que motivó semejante decisión, amparada en el Decreto 036 de 1955, fue la negativa del director de la época, Roberto García-Peña, a publicar una rectificación escrita y remitida por el régimen frente a una información referente a la muerte de un periodista en el Eje Cafetero.
Lo que sucedió fue que García-Peña denunció que el periodista liberal Emilio Correa Uribe, de El Diario, de Pereira, y su hijo Carlos, fueron asesinados como consecuencia de la violencia política que el régimen de Rojas –de alguna manera– se negaba a admitir que existía en el país. Lo que se indicó es que los responsables habrían sido los ‘Pájaros’, grupo ilegal de extracción conservadora.
Esto fue ratificado en un telegrama que el director de EL TIEMPO le envió a su homólogo del El Comercio, de Quito (Ecuador), Jorge Mantilla, en el cual se aclaraba que la versión oficial –dada por Rojas en una visita a ese país– no era cierta y que así lo demostraba la evidencia.
Lo que había dicho el General en la nación vecina era que el periodista Correa y su hijo fallecieron víctimas de un accidente de tránsito, y, de hecho, se fue lanza en ristre contra la prensa liberal colombiana por no acoger su tesis.
Rojas decía en todos los escenarios que la declaración de García-Peña –que tuvo una amplia difusión y un fuerte impacto en la opinión– era una muestra del aprovechamiento político que se le quería dar desde las páginas de un diario liberal a la muerte de un reconocido comunicador de la época.
Tal fue la ira del régimen militar frente a las posturas del periódico que ordenó escribir una rectificación en la que se admitía la versión oficial y se reconocía un error, la cual –según se le notificó a EL TIEMPO– tenía que publicarse en primera plana por 30 días y a nombre del diario, sin informar que era una corrección enviada por el Gobierno.
Las directivas del diario, haciendo gala de su defensa de la verdad y de su convicción en la lucha por la libertad de expresión, por supuesto, se negaron a publicar semejante petición del Ejecutivo del momento. Se ratificaron en sus posturas y así se lo notificaron a través de las páginas del periódico a sus lectores y contradictores.
Esta postura, que no cayó nada bien en el Gobierno, desembocó en la militarización de la sede de EL TIEMPO en la noche del 3 de agosto de 1955. Lo que se buscó con la toma por parte de los uniformados de las instalaciones del diario fue presionar la publicación de la rectificación que exigía Rojas, pero como eso no sucedió, se ordenó la inmediata clausura del medio de comunicación.
Lucio Pabón, ministro de Gobierno en aquella época, le comunicó al país que desde el 4 de agosto de 1955 EL TIEMPO dejaba de circular porque se negó a admitir que –a juicio del régimen– había agraviado “injustamente” al gobierno de Rojas por su versión sobre la muerte del periodista de El Diario, de Pereira, y de su hijo.
El General, incluso, se jactó días después de haber cerrado un diario liberal al que calificaba de creerse un ‘superestado’.
“A partir del 4 de agosto de 1955, el país ha quedado notificado de que el Jefe del Estado está en el palacio de los presidentes y no en la redacción de ningún diario”, fue parte del mensaje con el que celebró su acción en contra de la libertad de prensa.
Claro que el expresidente Eduardo Santos, dueño en ese entonces del diario, no se quedó quieto ante la censura y decidió darle vida a EL TIEMPO Casa Editorial para mantener el equipo humano y la maquinaria con la que se producía el periódico.
Más allá de las movidas empresariales, Santos decidió poner a circular Intermedio, un periódico que conservó la misma fuente de letra del logotipo de EL TIEMPO y cuyo nombre se escogió a propósito para hacer entender que todo hacía parte de una situación temporal mientras caía Rojas Pinilla.


‘Intermedio’, con la dirección de ‘Calibán’, circuló desde febrero de 1956.


Intermedio –con la dirección de Enrique Santos ‘Calibán’– comenzó a circular el 21 de febrero de 1956, y algunos lo llamaban el ‘Tiempito’, porque era más reducido que el diario original pero se sabía cuál era la procedencia y motivación de su publicación.
Un momento crítico
Los momentos previos a la clausura de EL TIEMPO no fueron nada fáciles para la prensa, ya que desde el Gobierno se intentó a toda costa censurar las posturas críticas que encontraban espacio en los medios de comunicación de la época, entre ellos –por supuesto– este periódico.
Como en toda dictadura, los editoriales, los espacios informativos y la caricatura eran los mecanismos que se utilizaban para pedir por el restablecimiento de la democracia.
De la época, por ejemplo, se recuerdan los trazos críticos, entre muchos otros, de Aldor, Chapete y Rendón, que no cesaron en denunciar la censura con la que se quiso callar a la prensa liberal y conservadora de la época. De hecho, El Espectador también fue víctima de los ataques del régimen de Rojas Pinilla contra la libertad de expresión.
El General, según varios historiadores, abusando del poder, extremó la censura al emitir varios decretos sobre injuria y calumnia y reglamentar la difusión de información.
La tesis del régimen era que desde la prensa, al no comulgar con las posturas oficiales, se ejercía una “dictadura nociva”. Rojas Pinilla, además, rechazaba que se denunciara la difícil situación de orden público en varias regiones del país y el fracaso de las promesas de pacificación que, con la premisa de un “golpe de opinión”, lo habían llevado al poder. Se quería erigir como el único vocero de la opinión pública.
Rojas Pinilla, finalmente, cayó el 10 de mayo de 1957 y fue reemplazado por una junta militar que se designó para retornar a la democracia. Desde ese día, muchas voces pidieron el regreso inmediato de EL TIEMPO, pero las directivas de la Casa Editorial explicaban que se estaba a la espera del regreso de Eduardo Santos desde París (Francia).
El 7 de junio de 1957, casi un mes después de la caída del General, circuló el último número de Intermedio, que, como se dijo en el editorial de ese día, se atrevió a enfrentar desde sus páginas la “tremenda maquinaria opresora de la dictadura”.
Al día siguiente, el sábado 8 de junio de 1957, volvió a circular EL TIEMPO tras casi dos años de haber sido clausurado. Las 24 páginas con las que regresó a las calles tuvieron un costo de 15 centavos.
Esto marcó, sin duda, el cierre de una de las épocas más oscuras para la prensa colombiana, pues –no sin librar una ardua batalla por la libertad de expresión– regresó a las calles uno de sus principales íconos. Colombia retornó al camino del periodismo libre y de la democracia.


Con esta portada, del 8 de junio de 1957, EL TIEMPO volvió a circular en Colombia.


El editorial antes del cierre
Este editorial –titulado ‘Responsable y respetable’– lo publicó EL TIEMPO el 3 de agosto de 1955, el día en que fue clausurado (en la noche) por orden del general Rojas Pinilla:
Orgullosamente puedo proclamar a la prensa colombiana su responsabilidad y su respetabilidad. A todo lo largo de la historia las ha tenido. Desde los días heroicos de La Bagatela, de don Antonio Nariño, hasta estos de hoy, los periódicos y los periodistas colombianos fueron siempre honestos, desinteresados, generosos, leales a sus ideas, hidalgos. Hay, claro está, como en todo grupo humano, excepciones que no hacen sino confirmar la regla. Hay quienes, prevalidos de ciertas situaciones, olvidan algunos de sus deberes de caballerosidad; pero eso no le resta a la prensa colombiana título ninguno al respeto y al afecto del país.
En el orden de la cultura, el periodismo nacional representa una de las expresiones más nobles y altas. Las grandes figuras de la inteligencia patria han pasado por el periodismo y dejado allí su huella ilustre. Muchos de nuestros presidentes fueron grandes periodistas, lo mismo en el siglo XIX que en el siglo XX. Se llamaron Manuel Murillo Toro, Santiago Pérez, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, Carlos E. Restrepo, Marco Fidel Suárez, Enrique Olaya Herrera, o se llaman Eduardo Santos, Laureano Gómez, Alfonso López, Alberto Lleras.
Jamás periódico alguno sirvió causas de infamia. Jamás ninguno traficó con la honra de las personas, ni fue obstáculo a intereses de la patria. Todo lo contrario: así los grandes como los modestos siempre estuvieron iluminados y orientados por un común fervor de servicio. ¿Que fueron beligerantes y acaso violentos en la defensa de los principios? Es posible. Pero nadie sería osado de decir que el periodismo colombiano no ha sido una de las grandes fuerzas creadoras de la nacionalidad y uno de los motivos de justifi- cado orgullo de Colombia en el concierto de los pueblos.
Porque ello es así, la prensa del mundo, especialmente la de la América Latina, no vacila en hacer público reconocimiento de los valores que representan en el orden espiritual los periódicos colombianos. Así lo proclaman cada vez que es justo y oportuno rendir gallardo tributo a lo que representa y significa nuestro periodismo nacional.
El país sabe que esto es verdad, y, porque lo sabe, tiene tan entrañable identidad con sus periódicos. Tan honda vinculación intelectual y moral. Los conoce honorables; los sabe respetables: es tan cierto de que ninguno de ellos mancharía la limpia tradición de que se enorgullecen, en campañas que no fueran de auténtica y austera trascendencia patriótica. Porque sin renunciar a su lealtad ideológica, los periódicos ponen siempre –ahora y antes– el interés público por encima de cualquier pequeño interés egoísta. Decir lo contrario es desconocer la historia misma de la república.
Quienes hemos abrazado esta profesión, no siempre grata por cierto, del periodismo, vivimos honrados de servirla, y todos los sinsabores y adversidades que pueda ocasionarnos se ven compen- sados con la certidumbre de su nobilísima misión, de su dignidad irrevocable, de la grandeza moral que anima a quienes a ella consagran su inteligencia y su corazón.
DANIEL VALERO
Redacción Política
@DanielValeroR

Europa: hacia el mercado digital

http://www.elespectador.com COLUMNISTA INVITADO 4 AGO 2015 - 11:55 PM

La historia de la Unión Europea es la de la construcción paulatina de un mercado único en el que personas, bienes, servicios y capitales puedan circular libremente. Esta construcción requiere de un trabajo permanente, porque las barreras que fragmentan el mercado único cambian o surgen conforme la economía se transforma.

Por: Columnista invitado

Ya sea en el comercio electrónico, en los nuevos modelos de distribución de contenidos, en las plataformas de la llamada “economía colaborativa” o en los servicios de cloud computing y big data, existen obstáculos regulatorios, técnicos o administrativos que imposibilitan o dificultan el desarrollo transfronterizo de estas actividades dentro de la Unión Europea. Esta fragmentación del mercado limita el potencial de la economía digital en Europa y supone una desventaja, en comparación con Estados Unidos, para el desarrollo de nuevos negocios digitales.

Consciente de esta situación, la Comisión Europea presentó el pasado mes de mayo la Estrategia para el Mercado Único Digital, con iniciativas para eliminar barreras transfronterizas en el comercio electrónico, los derechos de autor, el espectro radioeléctrico o el procesamiento de datos. Otras iniciativas están encaminadas a garantizar la competencia en igualdad de condiciones de los proveedores tradicionales y los nuevos en sectores como las telecomunicaciones o los medios audiovisuales. Además, dado el creciente poder de mercado de algunas plataformas de Internet (como buscadores, redes sociales o sitios de comercio electrónico), la Comisión Europea quiere evaluar su impacto en la competencia.

La Comisión estima que derribar las barreras al mercado único digital podría aumentar en 415 mil millones de euros el PIB europeo. No obstante, habrá que esperar a que la batería de iniciativas se materialice en acciones, planes y propuestas legislativas concretas a lo largo de 2015 y 2016. De la oportunidad de esas medidas, y de la coherencia y las sinérgicas con el próximo libro verde sobre integración de la banca minorista, dependerá que la UE sea capaz de aprovechar el enorme potencial de un mercado de más de 500 millones de personas. En la economía digital, que hace prácticamente irrelevantes las distancias físicas, las fronteras administrativas no deberían ser obstáculos a la innovación y el desarrollo económico.

Pablo Urbiola *Economista de la Unidad de Inclusión Financiera de BBVA Research.

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Una audiencia contra el prejuicio

http://www.elespectador.com MAURICIO ALBARRACÍN 5 AGO 2015 - 12:04 AM

Por solicitud de Colombia Diversa y Dejusticia, el pasado jueves en la Corte Constitucional se desarrolló la audiencia sobre el matrimonio igualitario. Sin duda, fue uno de los momentos democráticos más importantes para los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans.

Por: Mauricio Albarracín

Un gran beneficio de la audiencia es que la Corte Constitucional recuperó su espacio de decisión sobre los derechos. Después de una temporada en la que solo conocíamos de la Corte por sus escándalos y acusaciones bochornosas, la semana pasada retomó su labor judicial con mucha dignidad. Es poco probable que el magistrado Pretelt cambie su posición después de la audiencia porque ya había presentado una ponencia negando el matrimonio igualitario. En cambio, los otros ocho magistrados tuvieron la oportunidad de escuchar argumentos contundentes que nos tienen cada vez más cerca de la igualdad plena.

También se beneficiaron las parejas del mismo sexo que están reclamando por sus derechos porque pudieron mostrar a la Corte y al país que son personas dignas, con historias familiares respetables y tienen necesidades de protección legal inaplazables. Para ellas, la audiencia fue una oportunidad de demostrar con sus propias vidas que los derechos son capaces de producir cambios sociales y mucha felicidad cuando son reconocidos.

En la audiencia se evidenció, también, la calidad jurídica de los argumentos. Organizaciones sociales, profesores de derecho constitucional y de familia, expertos internacionales, universidades y jueces, demostraron con lujo de detalles que no existen argumentos constitucionales para negar el matrimonio igualitario. En particular quedó claro que el matrimonio protege a las familias de parejas del mismo sexo de forma plena y sin discriminación. Por el contrario, los opositores de la igualdad a falta de argumentos serios se dedicaron a deslegitimar a la Corte como escenario de decisión porque saben de antemano que el Congreso bloquea todos los proyectos, como lo demostró la representante Angélica Lozano que brindó información detallada de los 18 proyectos de ley hundidos en los últimos 15 años. Los más fundamentalistas, incluso, proponen que debe hacerse una asamblea nacional constituyente. Al margen de la discrepancia con estas ideas, creo que este debate fue bueno para las casi 45 personas que intervinieron porque sus argumentos fueron expuestos de forma ordenada y clara. Muy distinto a lo que ocurre en el Congreso donde predominan los insultos “excrementales”.

Además, la audiencia fue un espacio que permitió a la ciudadanía conocer un debate jurídicamente complejo y socialmente relevante. El hecho de que #MatrimonioIgualitario fuera un trending topic todo el día en Twitter con casi 12 000 trinos y que casi 15 000 personas vieran el streaming del canal institucional demuestra que la audiencia tuvo un impacto muy amplio en la opinión pública. El jueves 30 de julio de 2015 será recordado como un día donde el prejuicio salió derrotado con los mejores argumentos. El fomento de estos diálogos en torno a los problemas constitucionales es lo que más conviene a un país que busca solucionar pacíficamente sus discrepancias. Ahora la Corte tiene la palabra: ¿primarán los sólidos argumentos por el matrimonio o los prejuicios que fundamentan una unión solemne discriminatoria?
 

• Mauricio Albarracín Caballero | Elespectador.com

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¿Españoles?

http://www.elespectador.com DANILO ARBILLA 4 AGO 2015 - 11:58 PM

“Son españoles los que no pueden ser otra cosa”. Esta fue la definición que propuso para la identidad o “nacionalidad española”, el político e historiador Antonio Cánovas del Castillo, ya algo hastiado de tanto debate durante la redacción de la constitución española de 1876.

Por: Danilo Arbilla

Y los hechos parecen darle la razón, sobretodo en estos días en que tantos ciudadanos y regiones quieren dejar de ser españoles y ser otra cosa: vascos o gallegos o catalanes o de otra “ nacionalidad” y algunos, como los navarros, con una larga y probada historia, puestos en el brete de ser vascos o españoles.

En cualquier ciudad vasca se pueden ver adosados a paredes y muros carteles en ingles advirtiendo: “Señor Turista, usted no está en España, esta en el País Vasco. Bienvenido”. En esta región, al igual que en Galicia y Cataluña, mucha señalización esta solo en ingles y el idioma regional y nada en español. En algunas zonas del “país vasco” – en Guetaria por ejemplo- hay incluso indicaciones para el automovilista solo en euskera , el idioma vasco, que llevan al visitante incurrir en errores o violaciones de normas

Y no se trata de carteles ni canciones, como durante tiempos lo demostró la ETA. Se trata de una situación latente, una especie de guerra fría civil continua que hoy se vive en el Reino de España, y que puede precipitarse en muy pocas semanas como consecuencia del empuje separatista catalán.

Para el próximo 27 de setiembre se han convocados elecciones anticipadas en Cataluña. Se trata de elegir las autoridades autonómicas, pero su fin – no expreso ni citado en la convocatoria por cuanto sería violatorio de la Constitución española- es transformarlas en un plebiscito sobre la “ independencia” de Cataluña; sobre su eventual separación de España.

Si gana un frente formado por partidos “soberanistas” , ya hoy en el gobierno, será interpretado por los ganadores como un mandato para la independencia, aunque ello no sea mas que una interpretación sin fundamento legal y que no los autoriza a ningún acto unilateral , aun ganando con el 100 por ciento de los votos.

La independencia o separación unilateral sería salirse de la Constitución, la que faculta ( Art.155) al gobierno de Madrid a actuar , incluso hasta suspendiéndole la autonomía y asumiendo el gobierno de Cataluña.

Es posible que se evite ese extremo : los catalanes no declararán la secesión unilateral y el gobierno español hará lo posible por evitar una “intervención”. Sin embargo, triunfantes los separatistas la situación será aun más anómala que la que hoy se vive con conflictos jurisdiccionales continuos y repetidas violaciones de las normas constitucionales. El clima cada vez será peor y además estaría en el ánimo de los soberanistas generar un estado de cosas que “ llame la atención” de la Comunidad Europea,, aunque lo mas seguro es que la CE evite inmiscuirse: no tiene mucho en que fundarse y no está en condiciones de correr aventuras máxime cuando su unidad y estructura no es nada sólida como quedó demostrado con el caso griego.

Pero serán tiempos duros para la suerte de España, sin dudas. Y lo habrán de ser aún si los partidarios de la separación pierden; esto es, si sacan menos del 50 % de los votos, cosa que no es difícil.

Para ese caso, es decir, que el “plebiscito disimulado” lo “gane España”, el esquema no sería mucho mejor: el gobierno electo, aun sin el respaldo de la mayoría absoluta, reforzará sus reclamos autonómicos y es muy probable que el gobierno español ,aplacada la fiebre independentista, caiga en el error y la frivolidad de concederles en demasía.

Esto, a no dudarlo, le aparejaría una arremetida de vascos, gallegos, valencianos, navarros, canarios, extremeños y quizás solo se quedarían quietos los andaluces que es a quienes siempre y hasta ahora les ha ido mejor en el reparto.

Quizás en el Reino deberían ir pensando en serio en una Federación, o en una Confederación incluso.

• Danilo Arbilla | Elespectador.com

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